DERECHO A LA SALUD

Con la llegada del año nuevo no se han apagado los comentarios y críticas a las declaraciones que realizó el año pasado una alta autoridad autonómica en relación a la Sanidad. En los medios de comunicación siguen apareciendo referencias a dichas declaraciones, en general en un tono crítico desde mi punto de vista bien merecido. Me explico.

La autoridad a la que me refiero, responsable máximo de la prestación de los servicios sanitarios en mi comunidad, declaró que “no hay un derecho a la salud, porque ésta depende del código genético, de los antecedentes familiares y de los hábitos, que son como el ecosistema de la persona” En cuanto a lo del derecho, creo que en la frase se hace un esfuerzo por liar las cosas. Es obvio que no hay un “derecho a la salud”, yo no tengo “derecho” a estar sano, es una obviedad, pero la Constitución de mi país, en su artículo 43 sí que recoge que tengo “derecho a la protección de mi salud", tanto por lo que respecta a la prevención como a la prestación de los servicios sanitarios. Así que no liemos las cosas.

Espero que no llegue el día que cambiemos este punto de vista. En realidad hay dos formas de ver el derecho a la sanidad: la de tener derecho a que el Estado proteja mi salud o la totalmente contraría, la del deber exclusivo a cuidar yo mismo por mis propios medios de mi salud. En Europa hace años optamos por el primer postulado: entre todos aportaremos los recursos económicos para que sea el Estado el que los administre adecuadamente con el fin de estar protegidos y atendidos sanitariamente. Al otro lado del Atlántico la visión es más cercana al otro postulado, lo que explica porqué generan tanto rechazo las propuestas que tiran hacia la posición europea: en Estados Unidos se considera un principio fundamental que cada uno tenga el derecho a velar por sus propios intereses con los medios que pueda tener (salvo en casos de extrema necesidad o pobreza, donde sí se entiende que el Estado tiene que intervenir, aunque sea con una actuación de mínimos).

El punto medio entre el estado sobreprotector y el ciudadano obligado a ser él mismo el que se ocupe de sus necesidades está en la decisión de a quién se protege, con qué prestaciones y a qué coste directo para el ciudadano. En España se consideró un gran avance social cuando dimos las siguientes respuestas: la protección sería universal (a todos los ciudadanos sin excepción y sin diferencias), las prestaciones serían muy amplias (y crecientes, según nuevos avances científicos y exigencias sociales) y la aportación directa sería mínima (sin copagos).


En cuanto al primer punto, en mi opinión sería un desastre dar pasos atrás. Que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos en un tema tan sensible como es el de la salud parece más que razonable, obligado. Otra cosa son los abusos. Un ejemplo de abuso sería el turismo sanitario injustificado, que debería estar más vigilado.


Donde sí hay mucho que revisar y decidir es en el punto de las prestaciones. ¿Hasta dónde tiene que llegar el Estado en su cobertura sanitaria? Hay que tener en cuenta que los fondos los ponemos entre todos, así que somos todos los que tenemos que participar en este debate. Por ejemplo, algunas prestaciones que son consecuencia de malos hábitos personales voluntarios podrían estar más restringidas. En las declaraciones que he comentado antes, la alta autoridad sanitaria también decía que “el usuario (de la sanidad pública) debe tener la responsabilidad moral de que cuando no trata bien su salud, (las consecuencias) las tenemos que pagar entre todos”. Y aquí hay que darle parte de la razón.


Por lo que respecta al tercer punto, en nuestro país tenemos que ser conscientes que el aporte directo que hacemos cuando consumismos recursos sanitarios es de los más bajos de Europa, sino el que más. Aparte del 40% del coste de la receta para los no pensionistas (cosa que queda en poco teniendo en cuenta que más del 80% de las recetas son pensionistas), no hay mucho más aporte directo a la factura. Esta nula aportación por consumo ha hecho que con los años la sanidad se instalara en nuestra mente como un derecho universal y “gratuito”, cosa del todo falsa, ya que la sanidad no es gratis: la pagamos con nuestros impuestos. Este sentido de gratuidad provoca abusos y un uso del sistema exagerado. Nos guste o no, tendremos que asumir un cierto coste directo, que vele por los intereses de los más necesitados, pero que empiece a dejar claro que la sanidad no es gratuita, sino que, al contrario, tiene un coste muy elevado. Dejémonos de historias: recortar una y otra vez la factura en farmacia lo único que hará será empeorar el estado general de salud. Que nadie pierda de vista que si hemos llegado a los niveles de longevidad que disfrutamos ahora no ha sido "sólo" por la mejora en la alimentación y la higiene, sino por el abordaje sistemático y radical que hemos hecho en los últimos 50 años de las enfermedades que, antes de la universalización del uso de determinados fármacos, nos llevaban sin remedio a la tumba. Si queremos volver a tratar nuestras patologías con soluciones caseras, tendremos que aceptar un nivel de salud más escaso. Así que la solución pasa por tener políticos valientes que sepan que el coste hay que recortarlo donde más pesa: en prestaciones clínicas y en los grandes aparatos creados en tiempos en los que las enfermedades agudas obligaban a la hospitalización y que ahora están sobrando, más allá de los alardes injustificados y fastuosos que han hecho determinadas comunidades y que ahora habrá que ver, primero cómo se acaban pagando y segundo qué uso eficiente se les puede dar (yo he visto hospitales que parecían palacios de las mil y una noches en medio de páramos desérticos, con pasillos con suelos de marmol y apenas personal sanitario y, lo que es peor, sin presencia de suficientes demandantes de salud como para llenar la mitad de las salas de espera... Obviamente en algún momento se nos fue el tema de las manos).

Nivel de cobertura, prestaciones y pago, son los tres puntos clave que tienen que redefinirse a la luz de la actual situación económica del país. Para ello necesitamos menos declaraciones inflamatorias y más trabajo serio y decidido. Será un tema de debate prioritario durante este año.


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